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El sistema previsional chileno en la encrucijada

  • Felipe Orellana Pérez
  • 17 jun 2021
  • 4 Min. de lectura

Chile atraviesa sin duda uno de los momentos más complejos de su existencia política desde el retorno a la democracia en 1990. Junto a la gran convulsión social de 2019, y sus consecuencias políticas y económicas aún presentes, se ha sumado el año pasado la pandemia del Covid-19 y sus severas implicancias globales. En este medio histórico de profundas incertidumbres y cambios apresurados, el actual sistema previsional tiene los días contados ya antes de que exista una nueva Carta Magna y normas de jerarquía legal que lo regulen.

El objetivo de este breve artículo no es la defensa del modelo implantado en Chile en 1980, sino más bien un cuestionamiento de las opciones presentadas hasta ahora para su reemplazo, en un contexto de efervescencia política. El fracaso del modelo actual, no lo veo sólo en su rechazo por parte de la sociedad, asunto que puede ser muy susceptible del momento político actual y vinculado a la subjetividad de cada cual, sino en la clara y objetiva insuficiencia de sus beneficios para los cotizantes. Carlos Rivadeneira, dos años antes del “estallido social”, en su libro “Aquí se Fabrican Pobres” de 2017 entrega unos datos preocupantes, pero no nuevos: a febrero del año 2015, el 26% de los jubilados en el sistema de las AFP percibía una pensión menor a $100.000 pesos chilenos (113 euros en junio de 2021), mientras que el 49,4% lo hacía por menos de $155.000 (176 euros)[1]. Estas cifras las entregaba la propia Superintendencia de AFP.

En julio y diciembre del 2020 y, nuevamente, en mayo de este año, el Congreso Chileno ha aprobado la retirada sucesiva del 10% de los fondos previsionales que los cotizantes tuviesen ahorrados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). No obstante, Chile no fue el primer país de la región en implementar este tipo de medidas. Perú desde el 2018 cuenta con una ley que permite realizar esto y que fue confirmado por el Congreso del país andino el 30 de abril de 2020, junto a la esperada resistencia del gobierno del entonces presidente Martín Vizcarra[2]. Al igual que en Chile, Perú ya ha implementado un tercer retiro durante el mes de mayo de este año, como medida excepcional para que la población pueda hacer frente a las grandes consecuencias que la pandemia ha generado.

Ahora bien, más allá de la medida puntual del retiro de una parte de los fondos, los cuales son propiedad de sus cotizantes, es necesario considerar el impacto que esto tendrá sobre el sistema previsional que aún se mantiene vigente: el de los Decretos Ley 3500 y 3501 de 1980, los cuales desmantelaron, casi por completo, el antiguo sistema basado en Instituto de Normalización Previsional, dejando la administración de los fondos de pensiones en manos de las AFP y convirtiendo la base del mismo en uno de capitalización individual.

Puede resultar paradójico, o quizás no teniendo en cuenta la historia reciente de América Latina, que el actual presidente Piñera se haya empeñado los últimos meses en defender, sin el apoyo completo del oficialismo, de la labor desarrollada por su hermano José como Ministro del Trabajo durante la dictadura militar (1973-1990). Este último, en 1996, presentó incluso un trabajo titulado “Una propuesta de reforma del sistema de pensiones en España”, con el cual se quería convencer a una parte de la opinión pública vinculada al mundo empresarial (se presentó en el Cato Institute) de las bondades del modelo de capitalización individual, ante la inminente quiebra del modelo de reparto español[3]. Pese las dificultades que ha tenido, esto no ha sucedido.

Entonces, frente a la completa deslegitimación del modelo actual, junto a su clara ineficacia financiera (para el cotizantes, claro está), la pregunta que es necesario hacer, sobre todo considerando que ya se ha planteado un nuevo retiro, esta vez del 100% de los fondos restantes[4], es: ¿Qué modelo se propone para reemplazar al actual?

Lo peor que podría pasar, quizás peor incluso que la continuidad de la situación actual, sería la existencia -en teoría- de un sistema privado de capitalización individual, administrado por unas instituciones privadas sin mayor aporte estatal, pero que, en la práctica, estuviese completamente desfinanciado. Las AFP esquivarían toda responsabilidad y el Estado aún no estaría listo para asumir la suya.

En el escenario antes descrito, resulta sumamente interesante la propuesta del economista chileno Andrés Solimano, fuerte crítico del modelo actual. Esbozando los principios que debería tener un futuro sistema previsional chileno, el autor se refiere a:

1. La existencia de un pilar básico solidario basado en derechos universales.

2. Creación de un pilar público tripartito de reparto basado en los principios de solidaridad inter e intrageneracional.

3. Pilar desmonopolizado de cuentas individuales[5].

Lo innovador de esta propuesta es que no necesariamente elimina la existencia de las instituciones privadas dentro del sistema, pero las deja como una opción más, no como la única, ni siquiera la principal. La base de este nuevo sistema sería el Estado como administrador y contribuyente de una parte de las cotizaciones, siendo las otras dos las correspondientes al trabajador y al empleador. Por último, volvería a poner en juego la solidaridad como elemento esencial del sistema, favoreciendo una mayor responsabilidad a la hora de cotizar y una proyección como sociedad al momento de resguardar los fondos previsionales, los cuales ya no dependería exclusivamente de una pequeña élite[6] tecnocrática encargada de manejarlos. Ahora solo queda esperar que este tipo de propuestas, junto a muchas otras, alcancen la iniciativa legal y no queden solamente en el ámbito académico.


Bibliografía


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