La protesta social en Colombia: eco de una convulsionada dinámica de país

Colombia es una olla a presión. En los últimos días las noticias que han rondado el país suramericano denotan la magnitud del descontento social, el cual tomó como punta de lanza el derogar una reforma tributaria y, a su vez, hacer visible toda una serie de dinámicas que constriñen el vivir digno dentro de la nación. Una reforma tributaria no es otra cosa que revisar y modificar la normativa con la cual se gravan diversos elementos entre materias primas o productos como tal, para recaudar una serie de fondos que permitan subsanar unas necesidades a corto y mediano plazo; no es más: trabajo, me entregan una remuneración, de esa remuneración entrego directamente un porcentaje al Estado en forma de impuestos y el Estado los retribuye en figuras jurídicas que se traducen en el acceso y ejercicio de derechos concretos ¿Suena sencillo? Sí ¿En un país como Colombia lo es? No ¿La razón? Llevan varias décadas recaudando impuestos y la retribución no se ve.

El Impuesto de Valor Agregado, (IVA) se creó como una acción de emergencia nacional que viene moviéndose desde la década de los 60´s, el cual tuvo dos fases: monofásico y lurifásico (Berdejo Giovanetti y Villasmil Molero 2019). Monofásico porque sólo gravaba en las ventas; plurifásico porque se amplió a proveedores de insumos, productores, cultivadores, comercializadores (mayoristas y minoristas) e incluso sobre el consumidor final y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera¿Es esta la discusión? ¿Son estos los contenidos que nos llegan de Colombia a través de los noticiarios? ¿Son las imágenes de hordas de mesas asamblearias discutiendo a nivel local, departamental y nacional lo que implica una acción activa y participativa de la ciudadanía en la construcción conjunta de la reforma tributaria? ¡No! Lo que nos ha llegado es un torrente de imágenes de cómo la ciudadanía está siendo agredida por efectivos policiales, militares y paramilitares; y esto, esto tiene un nombre: violación masiva violenta de derechos humanos (Feierstein 2007).

El 09 de julio del 2013 el Consejo de Estado colombiano emitió una acción de nulidad para devolverle la personería jurídica al partido de izquierda Unión Patriótica, UP (Araujo Rentería , y otros 09) ¿Esto qué tiene que ver con el tema en mención? Mucho. El Consejo de Estado, con esta acción, echó para atrás una decisión del Consejo Nacional Electoral que le quitaba la posibilidad de participar electoralmente al partido en mención porque no cumplía el umbral de votos; pero un momento, este partido político, al igual que otros tres: A Luchar, Frente Popular, Alianza Democrática M-19, no cumplieron con el umbral de votos y se les negó la posibilidad de participar en las contiendas electorales porque fueron eliminados a sangre y fuego, lo que quiere decir que en Colombia se le da tratamiento de guerra a la oposición política. Vergonzosamente, y queda demostrado con esta figura jurídica, Colombia es el único país del planeta donde se ha reconocido el genocidio por motivación política (Ortíz Palacios 2006). La clase política que ha gobernado el país las últimas décadas aún está anclada a la doctrina de Santa Fe I y II que dictaminó Reagan con la guerra de baja intensidad (Bouchey 1989)

Lo que hemos podido evidenciar estos últimos días a través de redes sociales digitales, noticieros populares, comunitarios, alternativos y hasta oficiales internacionales, no es más que una versión contemporánea de lo que se ha venido presentando en el territorio durante décadas: abuso de poder legislativo y ejecutivo, abuso de autoridad por parte de miembros de la fuerza pública, militarización de las ciudades, toques de queda, persecución, amenazas, montajes judiciales, allanamientos en Universidades y contra líderes sociales, torturas, desaparición forzada, homicidios, masacres.

Aclaro que hablar de cifras no es hablar de historias de vida. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para el 2021 en Colombia se registra que el 42. 5% de la población se encuentra sobre los índices de pobreza y 15.1% en pobreza extrema (República/Colombia 2021), lo cual quiere decir que de cada 100 colombianos 57 sobreviven con menos de 5 dólares al día.

Con la propuesta de reforma tributaria presentada por el gobierno se pretendía gravar la canasta básica hasta con el 19%, incluyendo productos como la sal (Staff 2021); y a eso sumémosle una serie de figuras jurídicas que a lo largo de tres décadas han llevado a un ambiente como el que vemos hoy: la ley 100 de 1993 que niega el acceso a la salud como un derecho y lo transforma en un servicio, es decir, puedo obtenerlo siempre y cuando tenga para pagarlo; la ley 50 de 1990 que desquebraja la protección legal de los trabajadores y precariza las condiciones laborales haciendo que el empleador manosee a su conveniencia los términos de contratación; la ley 789 de 2002 que reformula lo que se entiende por jornada diurna extendiéndola hasta las 10pm (adiós horas extras); la ley 797 de 2003 del sistema general de pensiones la cual aumenta la edad de jubilación de forma abusiva en un 147%: no es fortuito que un policía se jubile a los 40 años y un maestro a los 57 (ahora imaginen las personas sin empleo formal); la ley 30 de 1992 que desobliga al Estado de financiar la educación de manera sensata generando hacinamiento en unos casos y/o privatización en muchos otros (con el peligro que representa que el sector privado tome las riendas curriculares en un contexto como este) y así, de manera deplorable, como estas figuras jurídicas hay otras más que vulneran los derechos fundamentales: salud, trabajo, vivienda, educación.

Cabe aclarar que estas normativas han sido expedidas por miembros del actual partido de gobierno de ultraderecha: Centro Democrático. En esa medida ¿Será el problema principal “los vándalos”, unos cristales rotos, paredes pintadas, las vías bloqueadas? ¿Será el foco de polémica la reacción por parte de la fuerza pública contra los manifestantes? ¿Será la solución respetar los protocolos de dispersión de multitudes? En un panorama así ¿Es menos violento lanzar gases lacrimógenos de forma parabólica que directamente contra la humanidad de los ciudadanos? ¡Por favor! No se justifica que en medio de una pandemia seis millones de colombianos hayan caído al umbral de pobreza mientras el gobierno centre su atención en comprar aviones de combate por 4.500 millones de dólares (Infobae 2021).

¿Cuáles son algunas de las exigencias por parte de los manifestantes en el marco del Paro Nacional? De manera inmediata que cesen las hostilidades y se instaure una mesa de diálogo y negociación con la ciudadanía. De cara a la pandemia, que sean los sectores enriquecidos, y no los populares y medios, quienes asuman la tributación con la reforma; de igual manera, que se apruebe la renta básica universal por un año. A mediano plazo, que la policía salga del Ministerio de Defensa y sea adoptada por el Ministerio del Interior es una exigencia que viene desde 1985 (Romero Ospina 2011) con la intencionalidad de que la policía se asuma como civil y desmonte de sus prácticas todo el carácter militar que negativamente se refleja en situaciones de tensión. A largo plazo, que se instale la democracia: las personas tienen hambre, necesitan un trabajo, necesitan educación, necesitan un sistema de salud integral, necesitan vivienda.

A modo de cierre. Ya que el Estado colombiano se ufana de ser un Estado Social de Derecho, que lo demuestre: si constitucionalmente está reconocido el derecho a la protesta, que lo respete y no asesine a los manifestantes; si constitucionalmente las personas tienen derecho a la asociación política para incidir en las decisiones de su territorio, que lo respete y no asesine a los líderes sociales como recién fue el caso de Francisco Giacometto; si constitucionalmente las personas tienen derecho a conformar partidos políticos para hacer su ejercicio a nivel legislativo, que lo respete y no los elimine a sangre y fuego; si constitucionalmente la paz es un derecho fundamental y los procesos con grupos insurgentes deben garantizarse, que lo respete y no haga trizas los Acuerdos de Paz ni asesine a excombatientes; y si los gobernantes no son capaces de hacer cumplir la constitución, que la respeten y dejen que el pueblo gobierne.

Autor: Yako.

Bibliografía

• Acción de nulidad contra acto de contenido electoral, 11001-03-28-000-2010-00027-00 de 2012 (Consejo de Estado. Sala de contencioso administrativo Sección Quinta E 2013 de Julio de 09). Obtenido de https://www.redjurista.com/Documents/consejo_de_estado,_seccion_quinta_e._no._11001-03-28-000-2010-00027-00_de_2012.aspx#/

• Berdejo Giovanetti, Eder, y Milagros Villasmil Molero. «Reflexión histórica sobre el IVA en Colombia y sus aplicaciones en la jurisprudencia nacional.» JURIDICAS CUC 15, nº 1 (Enero-Diciembre 2019): 163-186.

• Bouchey, F. El Imperio y América Latina. De Santa Fe I a Santa Fe II. Ediciones Suramérica, 1989.

• Feierstein, Daniel. El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007.

• Infobae. «Colombia. Gobierno parece decidido en comprar los nuevos aviones de combate por 4.500 millones de dólares.» Infobae, 28 de Marzo de 2021.

• Ortíz Palacios, Iván David. Genocidio político contra la Unión Patriótica. Nuevas miradas para nuevas lecturas. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 2006.

• República/Colombia, La. «Pobreza en Colombia aumentó al 42.5% de la población en 2020.» El Economista, 29 de Abril de 2021.

• Romero Ospina, Roberto. Unión Patriótica. Expedientes contra el olvido. Editado por Secretaría de Gobierno. Bogotá: Centro de Memoria, paz y reconciliación, 2011.

• Staff, Forbes. «Para el gobierno, el café, el azúcar y la sal no son alimentos básicos y se les aumentaría el IVA.» Forbes.co, 05 de Abril de 2021.